Una comisión administrativa cuyos miembros han sido escogidos por el Gobierno Vasco va a ser la que examine quién ha sido víctima de abusos policiales y quién no.
Mientras que las víctimas del terrorismo han de seguir un procedimiento judicial exhaustivo ante un órgano jurisdiccional para demostrar que lo son, las supuestas víctimas de abusos policiales van a ser declaradas como tales por medio de una fórmula carente de seguridad jurídica y al margen de un proceso judicial.
Bastará con que las supuestas víctimas de abusos policiales declaren que lo han sido para que se les otorgue la condición de víctimas, sin un procedimiento judicial que lo avale.
Esta maniobra es un ataque severo al Estado de Derecho. Y un agravio comparativo con las víctimas del terrorismo. Aunque la izquierda abertzale asegure que el conflicto vasco es anterior a ETA, la banda terrorista surgió con un objetivo: imponer un proyecto nacionalista vasco totalitario y excluyente. Sus crímenes no son la consecuencia de un hipotético conflicto anterior.
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