Los 100.000 empleados públicos del País Vasco no van a poder discrepar o criticar de forma pública las "posiciones políticas" mantenidas por la Administración de la que dependen.
En la actualidad, la prohibición de emitir opiniones contrarias a las del Gobierno vasco, las tres diputaciones forales o los ayuntamientos afecta únicamente a los cargos públicos, en cumplimiento del Código Ético y de Conducta que rige su actuación, pero este impedimento va a afectar también a todo el personal, ya que el Gobierno de Urkullu-Korkoreka pretende extender la obligación de cumplir esta pauta de actuación al conjunto del funcionariado antes de que acabe el año.
Según determina, mantener una discrepancia de opinión, “amparándose en el derecho fundamental a la libertad ideológica y a la libertad de expresión”, conlleva que su autor debe “por coherencia institucional, presentar la correspondiente dimisión de su plaza o puesto funcionarial.
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