La herriko taberna tiene toda la parafernalia. Hay un cartel enorme con las fotos de carné en blanco y negro de presos de ETA bajo la palabra AMNISTÍA, una hucha para ayudar al bar y otra para los presos de ETA. Al fondo, un mural recrea el bombardeo de Gernika por parte de la aviación nazi hace justo 80 años.
Arriba en la esquina, un póster con el perfil de Euskadi y la cara de Fidel Castro dentro del mapa. Esto es Larrabetzu, en el interior de Vizcaya, un pueblo de 2.000 habitantes en el que los seis concejales son nacionalistas: seis de Bildu y tres del PNV. En la terraza hay gente tomando su cerveza bajo un sol muy agradable.
Esta es una de las 103 'herriko tabernas' que el Supremo ordenó decomisar en junio de 2015. Pero casi dos años después de que la sentencia sea firme aquí apenas se nota nada. Según el fallo del Supremo, que ratificaba una sentencia de la Audiencia Nacional, este grupo de las 'herriko tabernas' aunque "bajo la apariencia que les daba configurarse como asociaciones legales, desarrollaban una función delictiva, mediante la aportación económica con que contribuían a las estructuras de ETA".
Eso fue en 2015. Para intentar cumplir de una vez el fallo, la Audiencia ya pidió el pasado 8 de marzo un informe a la Ertzaintza "sobre la situación actual de todas y cada una de las 'herriko tabernas' que fueron objeto de comiso en las presentes actuaciones (si se encuentran operativas, en funcionamiento diario, fines de semana, festividades locales... o si se mantienen cerradas por alguna circunstancia exógena al procedimiento como pudiera ser adjudicación a terceros por ejecución hipotecaria, reclamación de pagos de comunidad, desahucio por falta de pago, etc.)".
Fuentes de la Asociación Dignidad y Justicia, personada en el procedimiento, piden que se cumpla cuanto antes y se acabe con esto.
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